El proyecto de ley migratoria Rapa Nui

El carácter insular oceánico extremo genera una situación de alta vulnerabilidad para el patrimonio natural, cultural y arqueológico de Isla de Pascua, lo que haría necesaria una adecuada administración de los flujos migratorios, por el momento inexistente o insuficiente, y que debería velar por la protección del medio ambiente y del patrimonio cultural y arqueológico de la isla, así como por su autosustentabilidad. Con estos propósitos, desde el 2009 Sernatur (Servicio Nacional de Turismo de Chile) intenta afinar una propuesta para el cobro de un impuesto o “ecotasa” de ingreso a la isla de los turistas chilenos y extranjeros (siendo la previsión que lo recaudado se invierta en conservación y protección del patrimonio), así como la regulación del ingreso, la residencia, o la expulsión de dichas personas (separadas por “categorías migratorias” en tripulantes, turistas y habitantes y residentes), del territorio. Además, el proyecto contempla un registro electrónico actualizado y eficaz de todas las personas que ingresen al territorio, su fiscalización, el establecimiento de un tiempo límite de estadía y sanciones por incumplimiento. Música: Manu Uru (Sofía Abarca)

El proyecto toma el ejemplo de la normativa existente en Galápagos (Ecuador), que recibe cerca de 85 mil turistas al año y donde los extranjeros deben pagar un impuesto de 100 dólares por el ingreso, mientras que los visitantes provenientes de la Comunidad Andina de Naciones o el Mercosur, 25, y los ecuatorianos 6 dólares, lo que supone una recaudación anual de 12 millones de dólares. En Isla de Pascua, en el momento de la presentación del proyecto se llamó a una consulta ciudadana, y se preveía la aprobación para el año siguiente (2010). Pero lo cierto es que aún, a enero 2013, dicha ley no ha sido aprobada, a pesar del respaldo de la Cámara de Turismo de Isla de Pascua, presidida por Edgar Hereveri, quien declara que en la actualidad sólo se cobran 5 mil pesos (chilenos) por turista por el ingreso al parque (comprobante de lo cual solo es exigido para el ingreso al centro ceremonial de Orongo y al volcán de Rano Raraku), cifra insuficiente para el cuidado del mismo. Hereveri propone que la "ecotasa" se distribuya tanto en la conservación del parque como en aspectos sociales, como la educación y la protección de la lengua rapanui, argumentando que la cultura viva de los isleños es una de sus principales atracciones.

"Es importante que adoptemos una medida migratoria, que busquemos alguna fórmula legal que permita el cobro de esta "ecotasa", que se pueda reinvertir en la isla y posibilite que se hagan planes de manejo mucho más específicos para el uso de estos espacios públicos patrimoniales", declaraba en su momento Oscar Santelices (director de Sernatur). "En Chile, la ley dice que los extranjeros deben permanecer en el territorio un plazo máximo de tres meses. Ese mismo concepto se debe aplicar en la isla no sólo a los extranjeros, sino también al visitante nacional, porque viene como turista. Hay gente que viene a trabajar en la isla y se va quedando, y este es un territorio con un espacio, recursos y capacidad de inversión limitados", finalizaba, en una reunión con Sernatur, los dirigentes del Parlamento rapanui y la comitiva de gobierno encabezada por Patricio Rosende, quien no se mostró abierto a algunos de los puntos del proyecto. 

Al no conseguirse una concretización de la ley, en 2010 hubo grandes marchas y protestas en la isla para conseguir el objetivo, pero a pesar del interés y la importancia del proyecto, en las últimas reuniones consultivas de 2012 sólo un 10% de los rapanui participaron activamente, como si el interés fuera en descenso. ¿Qué es lo que sucede? ¿Falta de consenso? ¿Inconsistencia del proyecto? No existe seguridad al respecto, pero hay que tener en cuenta que en realidad, históricamente, todos los grandes cambios sociales, políticos, culturales, etc., han sido llevados a cabo por un porcentaje muy pequeño de la población. Además, por lo visto, se está confundiendo la restricción de ingreso para estadías prolongadas (para el control migratorio y demográfico de la isla), con un impuesto migratorio (que sirva para invertir en la conservación del patrimonio). El cobro de un impuesto no va a solucionar el problema demográfico, pero por algunos sectores está siendo planteado de esta manera. Por lo tanto, la indefinición e inconsistencia son patentes. Si a esto se suman las discusiones sobre la aniquilación de las diferencias culturales que definen al pueblo rapanui, debido al incontrolado acceso de extranjeros y continentales, y su permanencia en la isla, entonces los objetivos de la ley migratoria comienzan a diluirse en un mar de otras preocupaciones no contempladas por ésta.

Es cierto que el continuo fluir de continentales, y en menor medida de extranjeros a la isla, ha transformado a su población local (en clara minoría dentro de su propio territorio), destruyendo parte de lo que hace de su cultura un santuario cultural a nivel mundial. A veces parece que esto no fuera así porque cada año con más fuerza surgen expresiones (baile, música, artesanía) culturales tradicionales, pero lo cierto es que en algunos casos se están transformando en tristes “shows” turísticos, desprovistos de sentido y contenido real, como una especie de caricatura de lo que alguna vez existió. Por otra parte, es un proceso de aculturación que se está desarrollando a nivel mundial, como producto natural de un intercambio constante y creciente de elementos humanos y todo aquello que los caracteriza. Pero estos no son temas de debate plausibles en las reuniones consultivas del proyecto de ley de migración Rapa Nui, y pretenderlo, distrae a sus asistentes de los objetivos a tratar, impidiendo que se lleguen a acuerdos reales, y desanimando a aquellos que tienen un interés real por la implementación de la ley. Sería ideal poder trabajar más concretamente en los dos temas centrales, que son: el control de la permanencia de continentales y extranjeros en aquel pequeñísimo espacio vital, y la recaudación de un impuesto que permita una mejor gestión del patrimonio natural, cultural y arqueológico de la isla.

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